Ley 21.484 “Papito Corazón”: Avances y desafíos en la justicia familiar a un año de su implementación
Este hito en la legislación chilena ha generado significativos cambios en la dinámica de la responsabilidad parental y el pago de deudas de pensiones alimenticias, impactando directamente en el bienestar de los niños y las familias afectadas por la morosidad en estas obligaciones.
La importancia de esta ley radica en su enfoque integral para abordar un problema histórico en nuestro país: la dificultad de asegurar el pago de las pensiones de alimentos. Hasta la implementación de esta normativa, la carga de rastrear y asegurar los ingresos del deudor recaía en la parte demandante. Este proceso, que no sólo era engorroso y lento, también añadía un estrés considerable a cientos de madres quienes ya se enfrentaban a la dificultad de criar a sus hijos sin el apoyo financiero necesario.
El impacto en el bienestar de los niños es innegable. La seguridad financiera derivada del pago puntual de pensiones de alimentos permite a los menores acceder a una mejor calidad de vida, educación y salud. Asimismo, reduce el estrés y la carga emocional sobre las madres, quienes, en su mayoría, son las encargadas del cuidado diario de los hijos. La estabilización financiera también facilita un ambiente más seguro y estable, esencial para el desarrollo integral de los niños.
El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos ha sido otra herramienta crucial, esta senda. Este registro no solo permite la retención de fondos en diversas situaciones, como la venta de bienes o la devolución de impuestos, sino que también impone sanciones como la restricción para renovar licencias de conducir y pasaportes, y la inhabilitación para ser candidatos a ciertos cargos públicos. Estas medidas han sido efectivas para incentivar a los deudores a regularizar sus pagos, dado el impacto tangible en su vida cotidiana y profesional.
Sin embargo, a pesar de los avances, aún existen desafíos importantes. La implementación efectiva y la agilidad en los procedimientos siguen siendo áreas a mejorar. Además, es crucial continuar con campañas de concienciación y educación para que tanto deudores como demandantes conozcan sus derechos y obligaciones bajo esta ley. La infraestructura judicial también necesita fortalecerse para manejar eficientemente el volumen de casos y asegurar que las medidas sean ejecutadas con rapidez.
La «Ley Papito Corazón» representa un avance significativo en la protección de los derechos de los niños y en el apoyo a las familias que dependen de las pensiones de alimentos. Un año después de su implementación, los resultados son alentadores, pero es imperativo seguir trabajando para superar los desafíos restantes y garantizar que todos los niños en Chile reciban el apoyo que merecen.
Paola Merchak
Abogada
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